AMLO pide al Senado consulta para enjuiciar a expresidentes: estos son sus argumentos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este martes la propuesta de consulta popular, a fin de que una votación decida si se debe enjuiciar a los expresidentes de México Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

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En su conferencia de prensa matutina, López Obrador presentó el escrito, así como la pregunta que enviará esta misma mañana al Senado, por ser el último día para gestionar el procedimiento.

La consulta había formado parte de sus arengas desde el inicio de la administración, pero fue a mediados de agosto pasado cuando se volvió un tema recurrente en sus conferencias matutinas, pronunciándose en distintos momentos por el no a los juicios, alegando una posición de “punto final”.

En la exposición de hoy, la pregunta que se ofrecería a los ciudadanos es:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?”.

El presidente presentó el documento que enviará al Senado para pedir una consulta para determinar si habrá juicio contra expresidentes
El presidente presentó el documento que enviará al Senado para pedir una consulta para determinar si habrá juicio contra expresidentes Foto: Benjamín Flores

El planteamiento de esa consulta ha sido polémico desde su anuncio, debido a que es obligación del Estado investigar y sancionar delitos, por lo que actores políticos, especialistas y funcionarios de órganos autónomos han señalado un uso político del tema, toda vez que esa consulta se realizaría el 6 de junio de 2021, como parte de la jornada electoral en la que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas y alrededor de un millar de ayuntamientos.

Acompañado por su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, el mandatario dio lectura al documento con el que se gestiona dicha consulta, cuya exposición de motivos refiere que, entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, el país vivió un período “de concentración desmesurada de la riqueza”.

Luego, retoma la forma en la que el propio presidente ha caracterizado ese periodo, en los siguientes términos:

“(Hubo) quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento al Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina período neoliberal o neoporfirista”.

A continuación, expone que los males del país no fueron fortuitos, sino consecuencia de la aplicación de “un modelo político y económico elitista, antidemocrático y antipopular, señalando la posición de los expresidentes en su adhesión a políticas privatizadoras, privilegiando a grandes poderes económicos, empecinados en políticas de seguridad violentas y todo como “una suma de actos voluntarios y racionales” de quienes gobernaron.

Un tercer punto es insistente en los males del país producto del “neoliberalismo”, enlistando pérdida de vidas, desapariciones, violación de derechos humanos, pobreza, desigualdad, marginación, descomposición social, abandono de los sistemas de salud y educación, desatención de los jóvenes y adultos mayores, deterioro de instituciones, perdida de soberanía y devastación de las industrias petrolera y eléctrica.

Apunta en el siguiente punto a la concentración de la riqueza y la profundización de la pobreza durante el sexenio de Carlos Salinas, que colocó a un puñado de mexicanos en la lista de millonarios del mundo de la revista Forbes, que habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad del Estado.

En el quinto punto, se refiere al sexenio de Ernesto Zedillo, enfatizando el rescate bancario; en el sexto señala a Vicente Fox por haber intervenido de manera indebida e ilegitima en las elecciones de 2006; en tanto en el séptimo se refiere al proceso de violencia que marcó el sexenio de Calderón:

“Embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de bandas delictivas”.

Ahí menciona que pese a las múltiples advertencias que se le hicieron sobre sus colaboradores y en concreto de Genaro García Luna, Calderón fue omiso, una “actitud que solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.

En el octavo punto expone afirmaciones sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto, empezando por “la irrupción de grandes cantidades de dinero” en su campaña presidencial de 2012, que quedó impune ante los órganos jurisdiccionales. Ahí retoma las declaraciones de Emilio Lozoya que, en su denuncia, señala que parte de ese dinero fue por sobornos de Odebrecht.

Añade:

“Los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener votos y la aprobación de la llamada Reforma Energética, así como a la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares”

En los puntos siguientes, el documento expone la indignación social, el uso de mecanismos de protección entre los presidentes, la impunidad y la necesidad de la consulta asumiendo que no hay cauce institucional y de lo que expone como ausencia de una vía clara de expresión en las leyes vigente:

“El masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artículo 108 constitucional, en curso de modificación, para actuar penalmente en contra de un presidente en funciones, o como la consideración de delitos imprescriptibles que los mencionados habrían podido cometer en el ejercicio de la Presidencia”.

Los argumentos del mandatario pasan también por sus consideraciones personales, otras consultas que ha realizado como la de aeropuerto de Texcoco o el Tren Maya, sus definiciones desde antes y luego ya como presidente, y entre otras afirmaciones, insiste en que es un precedente necesario para dar cauce legal a un asunto de interés general y trascendencia nacional.

En su conferencia de prensa el mandatario afirmó que el documento sería entregado esta misma mañana, alrededor de las 11:30 horas, por el Consejero Jurídico, al Senado de la República, donde el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, ya estaba enterado de la entrega del procedimiento.

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