Agencias/ TEPIC, Nayarit/ Este miércoles, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó iniciar juicio político a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit.
El diputado y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mercado, explicó que la Comisión dictaminó iniciar el juicio político por dos demandas presentadas que lo acusan como presunto responsable de desviación y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.
La Comisión de Justicia que presido dio entrada a cuatro juicios políticos en contra de diversos funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda”, indicó Mercado.
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Añadió que es un momento histórico para el estado de Nayarit, “porque nunca en la historia política del estado de Nayarit se había procedido a iniciar un juicio político en contra de un ex gobernador y hoy fue el caso. La Comisión dictaminó iniciar juicio político en contra de Roberto Sandoval y en contra de algunos ex secretarios del estado que lo acompañaron”.
De igual forma se llevará a juicio político a ex funcionarios de Sandoval entre ellos Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como de la Contraloría General de Gobierno, por el presunto desvió y manejo indebido de recursos públicos.
El diputado precisó que también se procedió a iniciar juicio político a cuatro magistrados Integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, Catalina Ruiz Ruiz, Raymundo García Chávez, Jesús Ramírez de la Torre y Agustín Flores Díaz, a quienes se les acusan en las demandas presentadas por ciudadanos de ataque a las instituciones democráticas, usurpación de atribuciones, omisiones de carácter graves, violación sistemáticas o los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal.
Es juicio político y bueno se procede posteriormente al deshago de pruebas en una sección instructora que está establecida, integrada por diputados del Congreso se citara a comparecer a los demandados”, explicó Mercado.
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Las sanciones a las que podrían hacerse acreedores van desde la destitución del cargo para aquellos servidores públicos que están en funciones en este momento y la inhabilitación para ejercer otros cargos públicos en caso de que procediera para los ex servidores públicos.
Mercado precisó que a partir de este miércoles el Congreso del Estado tiene hasta un año para poder emitir una sanción correspondiente.
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