Abandono y discriminación marcan la estancia de mujeres en cárceles mexicanas

Aun cuando representan apenas 5 por ciento de la población penitenciaria del país, la reclusión de las mujeres está marcada por el abandono y la discriminación, situación que alcanza también a los 618 hijos e hijas –en su gran mayoría menores de tres años de edad– que viven con sus madres tras las rejas.

Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que el abandono se refleja inicialmente en el alejamiento de la familia, que trae en consecuencia mayor retraso en el seguimiento de su proceso penal, y con ello, su posible libertad, al carecer en muchos casos de la atención necesaria y contratación de abogados particulares.

El 61.06 por ciento de las 12 mil mujeres internas en el sistema penitenciario del país tienen entre 18 y 40 años de edad, razón que podría explicar que en los pasados cuatro años la población infantil en los centros registre un aumento progresivo, de tal forma que casi se ha duplicado en los cuatro años recientes, al pasar de 396 menores en 2013 a 618, según las cifras más actuales.

Además, a partir de la información obtenida por la CNDH, se ha identificado que 85 por ciento de la población femenil es primodelincuente, y 55 por ciento considerada de bajo riesgo, por lo que aquellas que son madres pudieran recibir sentencias no privativas de la libertad, conforme a los criterios de las Reglas de Bangkok, que son disposiciones creadas por Naciones Unidas para la atención de reclusas, en caso de mujeres madres o embarazadas.

En entrevista, Ruth Villanueva, especialista en el tema, destaca que la mitad de los delitos imputados a las mujeres son robo en todas sus variantes y delitos contra la salud, pero la mayoría de estos casos están estrechamente ligados a la relación con su pareja sentimental. Incluso, algunas han sido detenidas y procesadas en el intento por introducir droga a su esposo o pareja que se encuentra en prisión.

De acuerdo con el organismo nacional, al mes de agosto de 2016 el sistema penitenciario nacional estaba integrado por 379 centros, de los cuales 16 son exclusivos para albergar población femenina –15 estatales y uno federal–, y 198 considerados mixtos, por lo que en 214 centros del país se albergan mujeres.

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En el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla la felicidad se desborda cuando una de las internas recupera su libertadFoto Carlos Ramos Mamahua
A ese mismo mes, la población penitenciaria era de 230 mil 519 personas internas, de las cuales 12 mil cuatro, es decir, 5.21 por ciento eran mujeres. La Ciudad de México y los estados de Baja California y México son las entidades federativas que concentran 33 por ciento de las mujeres en reclusión.

La CNDH ha señalado que al ser minoritaria la población de mujeres, la infraestructura, organización y funcionamiento de los centros de reclusión en particular, y del sistema penitenciario en general no atienden sus necesidades específicas.

No se observa el desarrollo de políticas públicas encaminadas a atender las necesidades de las mujeres y sus hijas e hijos, no obstante que se ha observado una tendencia de crecimiento de la población femenil de entre 4 y 5 por ciento del gran total, señala el informe más reciente de la CNDH sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los penales.

La tercera visitadora señala que entre los muchos grandes pendientes del sistema penitenciario están las diferencias en las condiciones de vida en reclusión entre las mujeres y los varones, particularmente por la falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios, así como de los satisfactores adecuados y necesarios para el sano desarrollo de sus hijos que permanecen con ellas. Esta también es una cara de la discriminación de género, advierte.

Otro de los retos, añade, es la carencia de centros de reclusión exclusivos para mujeres, pues sólo hay 15 estatales en todo el país, lo que dificulta también la separación entre población procesada y sentenciada. La recomendación de la CNDH es que exista al menos uno por entidad federativa.

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