Agencias/ La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió irregularidades en el manejo de fondos federales por 741 millones de pesos durante el penúltimo año de gobierno de Roberto Sandoval en Nayarit.
De acuerdo con la segunda fiscalización a la Cuenta Pública 2016, la administración estatal pasada, encabezada por el ex mandatario priista, dejó recursos pendientes por solventar en obra pública, salud y educación.
Según el documento, presentado hace unos días por el órgano fiscalizador, se detectó un daño a la Hacienda Pública por 742.9 millones de pesos en el ejercicio 2016.
Cabe recordar que, el 19 de septiembre pasado, el panista Antonio Echevarría tomó la estafeta del Ejecutivo estatal, luego del sexenio del priista Sandoval (2011-2017).
La Auditoría señala que, de la cifra global, sólo se lograron resarcir 1.8 millones de pesos, por lo cual, la administración gubernamental pasada de Nayarit dejó pendientes por solventar 741.1 millones de fondos federales.
Una de las mayores irregularidades durante el penúltimo año de gobierno de Roberto Sandoval ocurrió en la gestión de los subsidios federales para operar el Seguro Popular.
En ese programa, que se encarga de brindar servicios de salud a los ciudadanos en condiciones de pobreza, la ASF detectó un presunto daño al erario por 468 millones de pesos en Nayarit.
A su vez, en la operación del programa de combate a la pobreza Prospera, el órgano fiscalizador detectó un faltante de 15.9 millones de pesos; en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal existen observaciones por 171.7 millones de pesos, así como 65.6 millones en el Fondo de Aportaciones en Municipios.
Cabe destacar que estas cifras corresponden sólo a 2016, pues en cinco años de gobierno de Roberto Sandoval, Nayarit acumularía tres mil millones de pesos de presuntos desvíos de fondos federales y 410 millones de pesos de recursos locales.
La cifra global de irregularidades podría modificarse, debido a que, en 2018, la Auditoría Superior de la Federación presentará los informes de la Cuenta Pública 2017.
Abogados y activistas nayaritas denunciaron, en abril de este año, al ex gobernador priista por un presunto enriquecimiento ilícito, porque presumían que su salario como funcionario público no alcanzaba para ostentar propiedades como el rancho El Sueño, valuado en 40 millones de pesos.
Hasta el momento, se desconoce el status de dicha denuncia, presentada por los activistas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Ex gober en la mira!
Roberto Sandoval tiene una denuncia de hechos por presunto enriquecimiento ilícito ante la PGR, y dos ante la Fepade, por delitos electorales.
Sospechas
El mandatario acumula polémicas que lo involucran a él, su familia y colaboradores cercanos por la compra de propiedades en efectivo, como la realizada por su hija Lidy Sandoval, por más de cuatro millones de pesos.
Fundación
En 2015, Roberto Sandoval, junto a empresarios, políticos y el boxeador Saúl El Canelo Álvarez, fundaron la asociación civil Valor y Principio de Dar, que presuntamente se utilizó para transacciones inmobiliarias.
Detectan enriquecimiento de funcionarios por más de 88 mdp
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades por más de 88 millones de pesos en la evolución patrimonial de cinco funcionarios de Pemex Refinación y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con un comunicado, al revisar la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, se detectaron patrimonios incongruentes.
La SFP detectó que los empleados de Pemex Refinación contabilizaron patrimonios por tres millones 711 mil 287 pesos; cuatro millones 378 mil 508; cuatro millones 732 mil 407; 10 millones 462 mil 232 y 61 millones 066 mil 109 pesos.
En tanto, un trabajador del IMSS declaró un patrimonio de tres millones 895 mil 183 pesos. Esas seis cantidades, sumadas, dan un total de 88 millones 245 mil 276 pesos.
Los funcionarios sujetos a esta revisión no aclararon la licitud de las cantidades señaladas, en relación con las percepciones salariales que el Estado les otorga con motivo de su cargo.
Ante ello, la dependencia federal presentó las denuncias correspondientes, con el propósito de que se investigue si el incremento patrimonial constituye una conducta delictiva.
Las investigaciones de la Función Pública se derivan de las declaraciones patrimoniales que están obligados a presentar los funcionarios federales cada año.
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