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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 11 asesinatos, 76 amenazas, 27 ataques contra medios de comunicación, 81 ataques físicos, 43 acciones de hostigamiento, 79 intimidaciones, 22 actos probados de espionaje, 58 privaciones ilegales de la libertad y 27 actos de violencia institucional, el año pasado fue “histórico” en materia de agresiones contra periodistas, cuya tasa de impunidad se eleva a 99.75%, deploró la organización Artículo 19 en su informe anual.
“El sexenio de Enrique Peña Nieto ha mostrado cómo el regreso del PRI ha significado la estructuración paulatina de una política que busca inhibir, limitar y restringir los flujos de información”, sostuvo la organización, al subrayar que las mil 499 agresiones contra periodistas reportadas en los primeros cuatro años de la administración actual ya rebasaron las agresiones perpetradas durante el sexenio de Felipe Calderón.
Artículo 19 aseveró que la prensa mexicana se encuentra atrapada en un dilema de “plomo o plata”: además de las agresiones y amenazas que obligan a periodistas a autocensurarse, muchos de los medios dependen directamente de los ingresos generados por la propaganda gubernamental, la cual se otorga de manera discrecional y, muchas veces, condicionada.
En sus primeros cuatro años de presidencia, Enrique Peña Nieto entregó 34 mil 86 millones de pesos a medios de comunicación a través de contratos de propaganda –el año pasado, estos gastos alcanzaron 9 mil 25 millones.
Los gobiernos locales compran inserciones pagadas de manera todavía más arbitraria y opaca: Chiapas, Durango, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz no dieron cuenta sobre los montos que erogaron el año pasado, por ejemplo.
“La censura se alimenta de un sistema económico del que tanto gobierno como medios de comunicación son cómplices. Una relación perversa en la que la información está supeditada al dinero público que entra y sale de los bolsillos de los medios”, lamentó la organización.
Al menos 226 de las 426 agresiones contra periodistas documentadas por la organización fueron perpetradas por funcionarios públicos. En la mayoría de los casos, los servidores públicos desempeñaban sus labores a nivel estatal y municipal, aunque 56 fueron federales.
“Por esto, el incremento de las agresiones contra la prensa no puede verse como un ‘daño colateral’ del estado de inseguridad, sino como algo verdaderamente intencional”, deploró.
Cerca de la mitad de las agresiones registradas se concentraron en apenas cuatro entidades federativas: Ciudad de México (71), Oaxaca (60, un incremento de 71% en comparación con el año anterior), Veracruz (58, entre ellos tres asesinatos) y Puebla (28). En estos últimos tres estados se llevaron a cabo procesos electorales el año pasado.
El número de agresiones contra mujeres periodistas crece año tras año desde el primer año de gobierno de Peña: de 59 en 2013 alcanzó 97 en 2016.
En los últimos años también se incrementó el uso de internet como herramienta de agresión a la prensa: la organización documentó 72 casos en los cuales usuarios de la red acosaron, amenazaron, atacaron, intimidaron o espiaron a periodistas.
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